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EN POS DEL DEBER DE MEMORIA

  Reflexiones en torno a la ley de Justicia y Paz.   Por Diego Fernando Ortíz diegortizvallejo@gmail.com     [caption id="attachment_216" align="aligncenter" width="300"] foto: Diana Correa http://www.flickr.com/photos/bellasfotos-dianita/2314579973/in/photostream/[/caption]   Hacer una operación descriptiva de los antecedentes de la Ley de Justicia y Paz (en adelante LJP) suscitaría un trabajo tan ingente como re-escribir la historia del conflicto en Colombia en las últimas dos décadas. No obstante una aproximación a la ley misma nos conduce, al menos, a prefigurar la función histórica del conflicto político en la formación de la memoria social colombiana. Se trata de una ley bastante controversial que no dejó de provocar fuertes polémicas durante el tiempo de su implementación, así como a lo largo de su propia aplicación. Figuras jurídicas como la de “alternatividad penal””[1] despertaron serias reservas en un importante sector de la sociedad, especialmente entre los organismos que fungían como defensores y representantes de las víctimas.   En su momento, semejante disposición, inserta en una ley nacional, fue leída como evidencia irrefutable del comienzo de un proceso que afectaría los objetivos de justicia reclamados por estos actores civiles, quienes consideraron prueba de impunidad la aplicación de dichos recursos jurídicos por medio de los cuales se puso en marcha el programa de desmovilización, mayoritariamente orientado a reinsertar individuos pertenecientes a las organizaciones armadas paramilitares. Sin adentrarnos con demasiado espesor en la historia de la violencia en Colombia,  bástenos decir que la LJP se puede considerar como la apuesta del gobierno de Álvaro Uribe para resolver el problema del conflicto, pero también como una contra-apuesta al proceso que la antecede, es decir, el proceso de diálogos de paz que llevó a cabo el presidente Pastrana con la guerrilla de las FARC entre 1998 y 2001[2]; podríamos decir incluso que contribuyeron al ascenso a la presidencia de Álvaro Uribe, cuyo discurso estaba apoyado por un programa de confrontación militar, que tenía como fin el exterminio total de la organización guerrillera.   Aunque esta ley nació como resultado de múltiples enmiendas a las leyes anteriores, las “operaciones jurídicas” llevadas a cabo, presentaban inconsistencias en el sentido intrínseco de la normatividad que pretendió modelar el escenario de reparación y reconciliación. Un ejemplo de ello fue el hecho de privilegiar la celeridad en los procesos bajo la figura de juicios orales, que desencadenó circunstancias desfavorables a las víctimas, debido a que las organizaciones criminales no abandonaron las armas. También se produjo, por efecto de los acuerdos, un proceso de reconstrucción de la memoria “desde arriba”, en función de la no repetición de hechos violentos, bajo la consigna del “Nunca Más”[3]. No obstante, el problema, visto desde el presente, acusa mayores complejidades: una de ellas reside en que al interior del fenómeno de la violencia -que incluye masacres, torturas y desapariciones-, el Estado, aunque se encuentra tácitamente en la cuerda de tensión de la violencia misma, a la vez ha actuado como componedor frente a los actores armados extraoficiales, ejerciendo así un tipo de acción dicotómica que va de una violencia, si se quiere, ‘refractada’, al papel de reconciliador[4]. Con esta complejidad coexiste el problema de orden público en el cual la sociedad afectada no ha experimentado una transición reparadora, consecuencia esperada de un potencial “fin del conflicto”; las disposiciones jurídicas apelan excepcionalmente a procesos reparadores con base en posibles “amnistías” con los grupos armados. Estas dos complejidades forman las hojas de una tijera que corta en dos el escenario hipotético de la reconstrucción de la memoria; primero porque cualquier proceso reparador entre víctimas y victimarios pasa por el miedo de la víctima a retaliaciones (ya que aquellos victimarios las más de las veces siguen siendo considerados agentes activos de la violencia que ahora ejercen los nuevos jefes de sus grupos en las regiones vulnerables al conflicto), y segundo porque esta persistencia del conflicto ha  impedido elaboraciones terapéuticas en las que tenga incidencia clara la elaboración de políticas públicas oportunas a tales fines, dado el papel dicotómico que juega el Estado.   A su turno, el carácter transicional de la justicia aplicada al problema nos remite a un primer interrogante relacionado con el rol de la justicia en dicho contexto: ¿cómo evaluar un escenario de esta magnitud en clave de políticas de memoria alrededor de un conflicto latente, si quien dispone de dichas políticas se encuentra inmiscuido –tácitamente- como agente de violencia extra-institucional? ¿Cómo estudiar entonces, desde la construcción de la “memoria viva”[5], este panorama cargado de tantas complejidades? ¿Podemos aludir a la reconstrucción de la “memoria histórica” en un escenario con estos rasgos?   Siguiendo uno de los textos más usados por organizaciones representantes de víctimas e instituciones académicas en Colombia, escrito por Elizabeth Jelin y en principio pensado para el caso argentino, leemos que la memoria en la medida en que se aborde, bien sea como herramienta teórico-metodológica o como categoría social, varía su estatuto epistémico; es decir, puede entenderse o como un corpus que responde a su condición disciplinar, o como un terreno al interior del cual la construcción del conocimiento intrínseco a la memoria pasa por una contradicción dialéctica condensada en las disputas de los grupos sociales que la salvaguardan[6]. ¿Memoria o memorias? Teniendo en cuenta la segunda acepción, Jelin traza los elementos capitales de “las memorias”: Su naturaleza subjetiva en procesos internos de configuración de experiencias simbólicas y materiales compartidas,  el carácter plural de las mismas que las hace sujetos de múltiples disputas entre los actores que intervienen en ellas en función de lograr su reconocimiento,  y el carácter cambiante que sufren durante el proceso histórico[7].   La idea de vislumbrar las memorias en disputa, sugiere un uso categorial del concepto que se articula a la perfección con cierta mirada esencialmente política de estos estudios[8]. Sin embargo, semejante connotación en tanto crítica y espacio de poder desde la escritura de estas memorias ‘en disputa’, no articula con éxito una construcción real de la memoria histórica.   Tenemos en frente, primero, un problema que desnuda la falta de claridad en la naturaleza del conocimiento de la Memoria en tanto objeto de estudio y que salta a la vista en la definición concedida en el texto de E. Jelin: si atendemos a la disertación filosófica que elabora P. Ricoeur en su libro[9], habría una distinción estructural entre “memoria” y “recuerdo” donde la memoria constituiría el objetivo de todo acto mnemónico y  los recuerdos harían parte de la “cosa pretendida” en dichas operaciones. De ahí que una atención errónea sobre la constitución de los recuerdos comunes en los grupos sociales concentre el estudio de la memoria sobre un campo exclusivamente político. Lo que para Jelin significa “memorias”  pertenecientes a actores confrontados, para Ricoeur, desde el campo fenomenológico corresponde a “recuerdos”, en tanto elementos fragmentarios de una entidad objetal que los reúne, y en cuyo seno, la forma de conocimiento que se construye toma en cuenta el tránsito predominante que va de la memoria al olvido en el terreno ‘intersubjetivo’ de quienes recuerdan u olvidan; el olvido no se entendería como rasgo disfuncional de un proceso temporal de acumulación ‘vívida’ de recuerdos (“memorias” para Jelin) en el sentido aristotélico que divide mneme y anamnesis[10], sino más bien el elemento encadenante de otra distinción que separa a la Historia de la Memoria, vía el testimonio[11].   El capítulo diez de LJP, propugna el “deber de memoria” y considera como principal responsable de su preservación al Estado. Cuando es al Estado a quien corresponde abanderar el “deber de memoria”, aquellos componentes  que anudan el(los) recuerdo(s) de los actores involucrados en una situación de conflicto, pudieran verse eclipsados por acción de una imposición; desembocamos en la dificultad que comporta un proceso donde, por un lado se propala una fórmula oficial elaborada por las instituciones encargadas de prescribir normas jurídicas y por otro lado, se presenta un relato que a su vez refuerza la norma.   El panorama no puede ser más confuso; la prioridad sobre un aspecto particular de la historia colombiana vinculado al conflicto político, hace parte de un emprendimiento de memoria donde uno de los actores (el Estado) prescribe el “deber” de aunar la memoria del problema (el conflicto armado) a través de la normatividad jurídica. Toda vez que la iniciativa oficial expresada en la Ley se puso en marcha, recibió críticas de la “opinión pública” no siempre favorables, como ya lo anunciamos. LJP se había parapetado en principio como una Ley similar a la de Punto final en Argentina, con las diferencias ya señaladas para el caso colombiano (no hay “teoría de los dos demonios”, porque el Estado pareciera no haber ejercido violencia, así que no hay necesidad de “justificarla”, como se interpretó en el prólogo del Nunca Más argentino). Basta con recalcar dos coyunturas a la ley en tanto “catalizador” de la memoria histórica que complicaron su grado de aceptación pública general: la primera tuvo que ver con la extradición a los Estados Unidos de los principales responsables de la violencia generalizada a través de las masacres que vivió el país en la década de los 90, contando con el problema del rechazo de la guerrilla a acogerse oficialmente al marco de LJP[12]. Las confesiones que prometían la reconciliación, bajo las condiciones impuestas por el gobierno a través de la figura de desmovilización, desarme y reparación, se vieron fracturadas por la ausencia de “juicios orales”. En últimas, las víctimas no alcanzaron a concebir siquiera de lejos un proceso reparador que estuviera por fuera de los conductos terapéuticos que recomendaba la ley[13]. La segunda coyuntura correspondió a la creación de la CNRR, que nació de la emisión de un decreto, es decir, no surgió propiamente como resultado de una negociación multilateral (gobierno, sociedad civil, víctimas y organismos de derechos humanos) con veeduría extranjera, como en los casos de Guatemala o El Salvador, o por  la vía de un proceso de transición política como aconteció en Argentina, Uruguay y Chile. La vinculación de asesores extranjeros en los dos primeros casos ejerció una importante cortapisa a las acciones no estipuladas dentro del proceso[14].   No en vano entonces, la bitácora de la reconstrucción de la memoria histórica que recomendaba el gobierno nacional a través de LJP, contó en su comienzo con un radio de alcance bastante sesgado y para ello se valió de una Comisión cuyos integrantes no representaban el total de actores destinados por naturaleza a construir los cimientos de un proceso gradual de recuperación y preservación de la memoria del conflicto. Es así como se empezó a desbrozar esa manigua enmarañada de silencio e impunidad que se cernía sobre muchas de las regiones del país donde el horror de la violencia practicada por los grupos armados aún se plasmaba en el miedo al testimonio. Semejantes complicaciones harían escollar un “trabajo” de la memoria en los términos de Jelin[15].   Ahora bien, consideremos como complemento del problema presentado arriba, el ámbito dual de la Historia y la Memoria con base en algunas formulaciones teóricas: Tenemos que por un lado se entiende de común acuerdo que la relación aceptada mayoritariamente entre Historia y Memoria conjuga estos campos del conocimiento como elementos separados por el lugar de enunciación; según M. Sturkin la memoria surge como un campo de construcción de los hechos que no transitan por, “las avenidas del discurso histórico formal”, en tanto comportan productos culturales insertos en significados culturales[16]; por su parte J. Olick destaca de los trabajos de P. Novick, P. Hutton, M. Matsuda y J. Legoff  (sin soslayar la importante contribución al problema que comienza en  el campo académico con el muy aclamado texto de Y. Yerushalmi[17]), tres aspectos que van zanjando la relación entre Historia y Memoria: En primera instancia el predominio de la historiografía como fuente de dominación cultural frente a la emergencia de un relato que contrasta las narrativas dominantes por medio de la memoria a modo de desafío en nombre de los grupos sociales reprimidos. Como segundo aspecto subraya el ataque posmoderno a los objetivos conceptuales de una historicidad lineal objetiva (P. Novick descuella en este aspecto cuestionando “ese noble sueño de la objetividad”)  donde priman una serie de intereses sintetizados en la relación entre historia, memoria y poder[18]. Por último, Olick resalta de estos autores un tercer aspecto que localiza la teoría hegemónica como polea de transmisión de un relato basado en el concepto de “clase” alrededor de las “políticas de memoria”, en cuyo seno se impone la resistencia de las “memorias subterráneas” (M. Pollak), el reconocimiento de una “memoria popular” y la instrumentalización del pasado a partir de estos relatos ocultos[19]. Es perentoria una agenda de consenso “multilateral” que partiera por definir un escenario ‘interpelante’ hacia la manera como se traduce en términos de “políticas” las vivencias constitutivas de la memoria colectiva de todos los actores sociales, tomando en cuenta estas tres características que distinguen la memoria de la historia. Independientemente de la validez que pudiera abanderar este binomio controversial en el campo de los estudios sociales de la memoria, convengamos en la definición que ha dado M. Halbwachs del mismo: memoria histórica en tanto en cuanto el “medio” a través del cual tenemos una experiencia -sea directa o indirecta- de su acaecimiento, a diferencia de la historia como tal, con la que no guardamos una relación orgánica directa[20]. Dado que hablamos de la formación de una memoria histórica “convulsiva”,  el problema de “instituir” sus bases resulta una labor compleja, ya que no apunta solamente a referir episodios cuya interpretación historiográfica no está libre de la polarización rabiosa que caracteriza el ámbito político y en el que inevitablemente debemos localizar incluso a la historiografía como disciplina validada por un orden de exposición, si se quiere, “menos subjetivo” como lo es el de la memoria de grupos sociales sujetos a episodios, a menudo “traumáticos”[21].   En suma, Hemos intentado reflexionar en este artículo alrededor de un conjunto de problemas acuciantes al tema de la construcción de la memoria histórica en tanto prescripción legislativa del Estado colombiano. Hicimos énfasis especial en las dificultades que una empresa de tal magnitud arrastra en un contexto donde la memoria histórica no solo plantea problemas de orden político sino que pone en el centro del debate una dimensión social de largo alcance que la Ley de Justicia y Paz no consiguió como objetivo capital; el papel del Estado y la Sociedad Civil, el proceso de estructuración de la ley y la aprehensión de las distinciones entre historia y memoria son, con mucho, los referentes medulares a tener en cuenta en un escenario donde se trace como objetivo el tema de la construcción y preservación de la memoria social.   Se nos antoja como punto final sugerir un camino crítico de semejante “trabajo de memoria” (parafraseando a Jelin): éste pasa por un proceso testimonial donde el “agente activo” de los recuerdos de la violencia reciente (Sociedad Civil), debiera interactuar en espacios de reflexión-elaboración con la “agencia activa” (Estado e Instituciones) a fin de establecer un punto de  encuadre sobre el que se examine la Historia del problema y se busque estructurar la Memoria del fenómeno (conflicto armado). Nuestra proposición no pasa de ser un filón de análisis tentativo e inmaduro aún.        


[1] Según el artículo de la Ley se entiende por alternatividad a un, “beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la  paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”. “Ley de Justicia y Paz” 975 de 2005. 25 de Junio 2005, art. 3 “sobre alternatividad”.
[2] El contexto histórico que llevó al desmadre de los diálogos de paz y a la emergencia del “plan Colombia” tiene, con mucho, una bibliografía bastante aparatosa para incluirla en una nota de pie. No obstante un resumen amplio del alcance global del plan se puede leer en Jairo Estrada (ed). Plan Colombia. Ensayos Críticos. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2001. 480 pp.
[3] Le correspondió abanderar esta consigna al área de Memoria Histórica dependiente de la comisión encargada de estudiar el impacto de la Ley de Justicia y Paz: La CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación). Con la expedición del artículo 146 de la ley 1448 de 2011, este grupo pasa a llamarse “Centro de Memoria Histórica” (CMH) y se incluye como entidad adscrita al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) como el órgano de la nueva administración de Juan Manuel Santos que remplaza las funciones de la extinta CNRR.
[4] Evidentemente nos resulta imposible incluir aquí una argumentación profunda de esta afirmación, puesto que tendríamos que hacer referencias amplias sobre el fenómeno de la parapolítica en Colombia, cuya revelación pública se empieza a dar como consecuencia del proceso mismo que se aviene a los acuerdos de paz con los paramilitares durante el primer mandato de Álvaro Uribe.
[5] El concepto de “memoria viva” corresponde a la “memoria colectiva” según  Maurice Halbwachs. La memoria colectiva. Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004. 192 p.
[6] Elizabeth Jelin. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores.  2002 210 p.
[7] E. Jelin. Los trabajos.., p. 14.
[8] Un punto de vista crítico a esta mirada puede encontrarse en Alon Confino. “Cultural Memory and Cultural History. Problems of method”. The American Historical Review, Vol 102, No 5 (dic, 1997) pp. 1386 -1403. Mas adelante discutiremos el problema de la Mirada esencialista de la memoria desde lo político.
[9] Paul Ricoeur. La memoria, la historia, el olvido. Madrid, Trotta, 2003. 684 p.
[10] Una comprensión profunda y cuidadosa de la distinción aristotélica que traemos a colación se puede leer en el libro ya citado de P. Ricoeur. La Memoria.., Especialmente el primer capítulo de la parte I. A efectos de conocer ejemplos al respecto, véase también: James Murphy. “The metarhetoric of Aristotle , with some examples from his “On memory and recollection”. Rhetoric Review, Vol 21, No3 (2002) pp. 213-228.
[11] Cf, Ricoeur, La historia.., pp. 41-47. En el tema del olvido cabe incluir, Y, Yerushalmi. Reflexiones sobre del olvido. En, Yerushalmi (comp) Usos del olvido. Buenos Aires, Nueva Visión, 1998. pp. 13-26.
[12] Esta situación puede leerse de varias formas, en el sentido en que el articulado de ley abarca todos los grupos armados ilegales, pero se entiende de suyo que habiéndose promulgado como programa bandera del gobierno de Álvaro Uribe, la ley en cuestión estaba orientada a la desmovilización de paramilitares. Véase un análisis exhaustivo del proceso que empezó con los  “diálogos de Ralito”, con miembros paramilitares, en el texto de Gustavo Duncan. Los señores de la guerra. Bogotá, Planeta, 2006. 372.
[13] Por falta de espacio tenemos que pasar por alto el escándalo político desencadenado por las acusaciones al ex-comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, que hacen aún más irrisorios los mecanismos de desmovilización y desarme que se pretendieron entonces.
[14] Pese a la inmensa bibliografía que se pudiera acopiar de los procesos de configuración de las comisiones de paz en Centroamérica entre las décadas de los 80 y 90, bástenos resaltar aquí el importante análisis que hace sobre éstas comisiones en la bisagra teórico jurídica de la Justicia Transicional, Nataly Castellanos. Justicia Transicional en Colombia. Formulación de propuestas desde un análisis comparado. Bogota, Universidas Nacional de Colombia, 2008. 330 pp.
[15] E. Jelin, Los trabajos.., pp. 14-18
[16] Marita Sturkin. Tangled memories: The Vietnam war, the Aids epidemic, and the politics of remembering. Berkeley. University of California Press,  pp. 45-46. 375 pp.
[17] Yosef Yerushalmi. Zajor. La historia judía y la memoria judía. Barcelona, Anthropos, 2002. 153 pp.
[18] Amerita considerarse el texto de E. Hobsbawm y T. Ranger orientado a evidenciar esta relación a través de la “invención” de tradiciones ligadas a la preservación del poder que se coloca en la misma sintonía de las tesis de P. Nora, en las que se advierte la escisión histórica entre la historia y la memoria con ocasión de las invenciones nacionales en la modernidad. Véase E. Hobsbawm, T. Ranger. La invención de la tradición. Barcelona, Crítica, 3 ed. 2012 , B. Anderson. Comunidades imaginadas. FCE, México, 1991. y el ya ampliamente reconocido trabajo en tres volúmenes de Pierre Nora. “Les lieux de memoire”. París, Gallimard, 1982.
[19] J. Olick, J. Robbins. “Social memory studies: from “collective memory to the historical sociology of mnemonic practices. Annual Review of  Sociology, vol 24 (1998), pp 105-140. P. 120. Sobre el concepto de “memorias subterráneas”, M. Pollak. Memoria, Olvido, Silencio. La Plata, Ediciones Al Margen, 2005.
[20] Cf, M. Halbwachs. Los marcos sociales de la memoria. Barcelona, Anthropos, 1990. 405 pp.
[21] El problema del “trauma social” que ha sido acogido en el campo académico como una divisa independiente de análisis y con credenciales sobradas en el uso de categorías psicoanalíticas pensadas para tratar problemas de “elaboración” de duelo frente a acontecimientos límite, nos cuesta trabajo volcarlos al escenario colombiano, por lo cual, a pesar de no intentar una crítica aquí, queremos dejar consignadas nuestras reservas a dicho uso teórico. Quizá los textos mas referenciados de este tema sean los de Dominick Lacapra. Historia y memoria después de Auschwitz. Buenos Aires, Prometeo, 2009. 204 pp. Y D. Lacapra. Representar el holocausto. Historia, teoría, trauma. Buenos Aires, Prometeo, 2008. 238 pp.
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