6 de noviembre de 2014
Como miembros de la comunidad académica del país, respaldamos las iniciativas locales que un amplio número de comunidades a lo largo del territorio nacional lideran contra el modelo económico extractivista en defensa de sus territorios.
Los abajo firmantes —docentes, estudiantes, egresados e investigadores— nos solidarizamos con los procesos de movilización de varias poblaciones y organizaciones del norte del Cauca frente a la minería ilegal, presente en sus territorios desde hace algunos años. Y con particular preocupación analizamos las amenazas que recibieron líderes de comunidades indígenas y afrocolombianas de la región, tras organizar una Audiencia Minera en Santander de Quilichao el 29 de abril de este año.
Los hechos que anteceden a esta situación son los siguientes:
Desde el año 2008 llegaron mineros con retroexcavadoras a algunas veredas del municipio de Santander de Quilichao. Se instalaron en los territorios ancestrales de comunidades afrodescendientes de manera ilegal, es decir, sin realizar una consulta previa a las autoridades territoriales tradicionales y sin contar con títulos de exploración.
Durante los años siguientes, pese a las acciones desarrolladas por el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero —autoridad tradicional de esta jurisdicción—, los entables mineros se expandieron hacia las veredas de Quinamayó, Ardovelas, Santa Lucía, El Palmar y San Antonio, ésta última escenario de la tragedia del alud de tierra del pasado 30 de abril.
A finales del año 2013 e inicios del 2014, autoridades tradicionales y organizaciones locales y regionales iniciaron acciones de hecho para expulsar las retroexcavadoras de sus territorios. La población también se sumó a estas acciones luego de que, de manera valerosa, las mujeres de las veredas de El Palmar y Bajo San Francisco pusieran sus cuerpos para impedir el paso de las máquinas hacia más veredas. Asimismo fueron convocadas asambleas interétnicas para generar acciones de protección ante la expansión de la minería, a partir de las cuales se constituyó la Mesa Interétnica e Intercultural Permanente.
Pese a estas y a otras estrategias realizadas por los consejos comunitarios y resguardos indígenas de la zona, el número de entables aumentó, pasando de 15 a inicios del 2013, a más de 50 en el 2014 a lo largo de los ríos Quinamayó y Agualimpia.
Frente a esta situación, el 29 de abril de 2014 se desarrolló una Audiencia Pública Minera coordinada por ACIN, ACONC, PCN y UOAFROC, a la que también fueron convocadas autoridades ambientales locales. Ante la ausencia de estas últimas, se discutieron estrategias de movilización interétnica para la expulsión definitiva de la minería no legal. El 16 de septiembre se llevó a cabo una nueva Asamblea interétnica, esta vez con el resguardo de Guadualito y el Consejo Comunitario Zanjón de Garrapatero. Allí se definieron acciones concretas como la expulsión de 2 retroexcavadoras de la vereda El Limón y el confiscamiento de las otras 32 máquinas identificadas en el territorio de las dos comunidades.
En respuesta a estas y otras acciones desarrolladas por ambas comunidades, el 29 de septiembre de 2014, mediante un “Comunicado Público”, la organización criminal Los Ratrojos amenazó a diez líderes de organizaciones y autoridades tradicionales en la región. Cada uno de ellos con una honorable trayectoria de trabajo comunitario en rechazo de la minería ilegal y en defensa de los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas e indígenas del norte del Cauca.
Ante la preocupación generada por los hechos descritos, hacemos un llamado a:
El gobierno nacional y a las instituciones del Estado responsables para que:
2. Toda la sociedad civil para que se movilice en solidaridad con los hechos que están ocurriendo en el norte del Cauca y en otras regiones del país, a propósito de la llegada de la minería no-legal y de la minería transnacional.
Ante una eventual firma de negociación de la paz entre las FARC y el gobierno consideramos fundamental que el Estado dimensione la magnitud que el modelo extractivista minero está generando en los territorios de las comunidades rurales. El desarrollo de una paz duradera dependerá de la resolución de estos conflictos, así como de la escucha activa de las comunidades que están resistiendo a los mismos.
Comunicado de la asamblea interétnica del 16 de septiembre, aquí
Apoye esta denuncia con su firma, aquí
María Jimena López, Universidad Nacional de Colombia, egresada Antropología
Miguel Ángel Hernández Martínez, Universidad Nacional de Colombia, egresado Antropología
Ángela Castillo Ardila, Universidad Nacional de Colombia, investigadora, egresada Antropología
Lorena Vargas, Universidad de Manizales, egresada Antropología
Irene Vélez, Universidad del Valle, profesora EIDENAR
Cristian León Buitrago, Universidad Nacional de Colombia, egresado Diseño gráfico
Nathaly Molina Gómez, Universidad Nacional de Colombia, investigadora
Lina Tatiana Lozano Ruiz, Universidad Nacional de Colombia, egresada Antropología
Lerber Lisandro, Universidad del Magdalena, Investigador
Fabián Romero Aponte, Universidad Nacional de Colombia, estudiante Antropología
Alejandra del Mar, Universidad Nacional de Colombia, estudiante Antropología
Diana Li, Universidad Nacional de Colombia, estudiante Sociología
Catalina Caro Galvis, Universidad Nacional de Colombia, estudiante Maestría en geografía
Aura Catherine Carvajal, Universidad Nacional de Colombia, estudiante Maestría en estudios culturales
Leonarda De La Ossa, investigadora independiente
Eglee L. Zent, IVIC, investigadora
Lina Castañeda Bonilla, Universidad de los Andes, egresada artes plásticas. Investigadora
Luisa Fernanda Delgado Martínez, Universidade Federal do Espirito Santo UFES, estudiante maestría
Luz Heidy Urrego Romero, Universidad Pedagógica Nacional, profesora
Marcel Giraldo, Universidad Complutense de Madrid, estudiante
Edith Murcia, Universidad Externado de Colombia, egresada.
Laura Alejandra Ruiz, Universidad Icesi, Estudiante
Iván Camilo Rodríguez Torres, Universidad Nacional de Colombia, profesor departamento antropología.