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EL CAMPO EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y EN LA MOVILIZACIÓN

Por Fernanda Espinoza

Desde hace años hemos afirmado la importancia del campo en el país, la gran desigualdad en la propiedad de la tierra y la pobreza del campesinado. Es claro que el problema del acceso y uso de la tierra está en el origen mismo del conflicto social y armado colombiano. En repetidas ocasiones hemos escuchado que este hunde sus raíces en el problema de la tierra. Más recientemente, los grandes propietarios de la tierra han estado ligados al fomento del paramilitarismo y han sido catalizadores de la guerra. Todas estas razones evidencian la importancia del tema agrario en el país.

Vivimos una crisis alimentaria y un momento donde se pone en duda la continuidad del modo de vida campesino. La economía campesina está en bancarrota con la entrada de productos importados, los TLC han destruido la producción interna, fomentada desde los años noventa con la introducción de las políticas neoliberales. A través de la resolución 970 el gobierno les ha prohibido a los campesinos y campesinas utilizar sus propias semillas, y deben comprar las denominadas semillas certificadas. Igualmente estamos ante el cambio en el uso de suelo con la embestida de la locomotora minero-energética. Además, la crisis alimentaria es evidente y tiende a empeorar. El campesinado colombiano está hoy disputando su sobrevivencia en sentido cultural, social, económico y político.

Colombia cuenta con una larga historia de luchas campesinas: el movimiento campesino se ha expresado de manera fortalecida en varios momentos. A comienzos del siglo 20, encontramos las primeras organizaciones campesinas con intenciones reivindicativas como mejora de las tierras e independencia como sujeto social y productivo. Luego surgieron organizaciones agrarias como las Ligas Campesinas, los Sindicatos de Obreros Rurales y las Unidades de Acción Rural. Posteriormente germina la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), fundada en 1967 como una iniciativa gubernamental para implementar una reforma agraria. En los sesenta se produce un debate político alrededor de la reforma agraria, con un énfasis hacia la capitalización y modernización tecnológica de la agricultura y la incorporación de nuevas tierras a la producción. Durante esta década se dieron importantes luchas y grandes movilizaciones junto con “toma de tierras” que acogieron la bandera de “la tierra para quien la trabaja”. La participación del campesinado en las acciones de protesta del país fue muy importante. Sin embargo, en la práctica no hubo realmente expropiaciones ni reforma agraria.

Recientemente, en 2011, se realizó el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías que ha transcurrido entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre en Cali (Valle del Cauca) y Cajamarca (Tolima). Las 15.000 personas delegadas de las organizaciones agrarias y rurales han concluido que "La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular… Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!".

En los últimos cinco años Colombia ha experimentado un aumento en la movilización social y las protestas. El 2013 ha sido año de movilizaciones agrarias para el país: observamos el paro cafetero del mes de febrero, la movilización de los pequeños mineros, el paro campesino de septiembre y la Minga Social Indígena y Popular de octubre.

Entre otras cosas, estas movilizaciones denuncian que las leyes como el Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152/07), la certificación a municipios para manejo de servicios públicos de agua (Ley  1021/04 Ley 1176/07), el ordenamiento de humedales (Ley 357/97), el Estatuto Minero (Ley 685/01), son contrarios a sus intereses y los despojan de sus derechos y recursos en sus territorios. Por ello, son denominados por las organizaciones sociales y sectores campesinos como “legislación del despojo”.

En las elecciones del pasado 9 de marzo de 2014 al Congreso de la República, evidentemente salieron fortalecidos el uribismo, el conservadurismo y la derecha tradicional (liberal -conservadora), con 19 senadores del Puro centro Democrático, 21 senadores de la U y 20 conservadores. Valdría la pena preguntarle a estos nuevos parlamentarios cuáles serán sus propuestas para el agro y la situación de campesinado.

Ahora bien, en estas elecciones también llega al senado Alberto Castilla, un campesino nacido en Convención, Norte de Santander que ha sido constructor del movimiento agrario, quien sabe de paros y movilizaciones. Conoce y defiende los mandatos de las comunidades, líder del comité de integración social del Catatumbo (CISCA), ex presidente del Coordinador Nacional Agrario CNA, proceso que reúne organizaciones campesinas, indígenas, de pequeños mineros y afrodescendientes y lucha por una reforma agraria integral. Un constructor del movimiento social y dirigente nacional del Congreso de los Pueblos.

Alberto Castilla será la voz del movimiento campesino, representará a la movilización y a la organización social. En el Congreso representará a los distintos grupos poblacionales discriminados y excluidos de este país. Adelantó una campaña de iniciativa popular sin maquinarias electorales y sin grandes recursos, mostrando que es posible para el movimiento popular disputar la institucionalidad.

Llega al congreso con una propuesta de disposiciones legales para el acceso, uso, tenencia y propiedad de la tierra para el campesinado, indígenas y afros, con subsidios a la producción de alimentos, suministro de asistencia técnica y sustitución de los cultivos de uso ilícito. También plantea un nuevo ordenamiento territorial que proteja el medio ambiente, el uso productivo del suelo, que garantice la soberanía y seguridad alimentaria y que el territorio sea fuente de vida digna, productiva, ambiental y económicamente sostenible. Su propuesta incluye la revocatoria, moratoria minera y licencias ambientales a proyectos extractivos en zonas de páramos, nacimientos de agua, reservas forestales, bosques protectores y en territorialidades campesinas, indígenas y afro. Fundamentalmente, la invitación de su programa es a abrir campo al reconocimiento de estos tres grupos como sujetos de derechos y de cambios sociales.

 Aunque la apuesta es disputar la institucionalidad y legislar a favor del agro, también llega al congreso para denunciar y profundizar las contradicciones de este sistema político. Desde allá  buscará apoyar la agitación, confrontar ideológicamente y a llamar a debates de control político desde la denuncia del régimen. Pero también está la intención de construir propuestas para otros sectores sociales tradicionalmente excluidos, como las y los pobladores urbanos populares.

Hoy estamos en la Cumbre agraria campesina, étnica y popular, donde se construirán  alternativas y propuestas para la defensa del territorio y la paz. A causa del incumplimiento del Gobierno Nacional y el fracaso del Pacto Agrario, el 15 y 16 de marzo de 2014 en la ciudad de Bogotá, el sector agropecuario a nivel nacional se reúne para unificar pliegos y programas de cara al Paro Nacional. El 17 de marzo más de 20 mil personas marcharán hacia la Plaza de Bolívar para exigir al Gobierno Nacional garantías reales para el sector agropecuario. Será tarea de parlamentarios como Alberto Castilla defender en el Senado las propuestas construidas en la cumbre.

 No la tiene fácil: deberá cerrar filas en temas claves, especialmente en temas agrarios y en la defensa de la paz. En la preparación para la movilización popular y el paro del 2014, la tarea será combinar eficazmente el trabajo parlamentario, la organización popular y la movilización para hacer retroceder la ofensiva oficial. Desde ya sabemos que este año será un año de gran movilización social.

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